Andalucía y Galicia son las Comunidades que lideran el primer índice de transparencia de las Administraciones autonómicas, realizado por la sección española de la ONG Transparency International, mientras que Cantabria ha quedado en último lugar, por delante de la Comunidad Valenciana.
Andalucía obtiene una puntuación total de 87,5 sobre cien, empatada con Galicia, mientras que Cantabria se queda en 53 puntos sobre cien. Otras Comunidades en la zona alta del índice son La Rioja (83,8 puntos), Cataluña (82,5), Extremadura (81,0) o Madrid (80). En la zona baja del ranking, se unen a Cantabria, Valencia y Baleares, ambas con 56,3 puntos, y País Vasco, con 57,5 puntos.
Según ha indicado el catedrático y presidente de Transparency International en España, Jesús Lizcano, Andalucía y Galicia obtienen la mayor puntuación, en gran parte, porque han desarrollado mecanismos internos -algunos con carácter normativo, como la Ley de Administración Local gallega- para poner en valor la transparencia informativa de sus Administraciones. Asimismo, ha atribuido los peores resultados a 'faltas de presión'.
Indicadores
El estudio, el primero de este tipo sobre Comunidades Autónomas, presentado en Madrid por la Fundación Ortega-Marañón, ha evaluado con distintos indicadores diferentes áreas de las Administraciones autonómicas como la información sobre la Comunidad, relaciones con los ciudadanos y la sociedad, transparencia económico-financiera -donde ha habido mayores dificultades, según la ONG-, transparencia en la contratación de servicios y suministros, y en materias de ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas.
El estudio ha utilizado unos 80 indicadores y se realizó de mayo a principios de noviembre de 2010. El índice se basa principalmente en la cantidad y calidad de la información, así como en su acceso, que las Administraciones publican en sus páginas web, por lo que han tenido un papel determinante en la evaluación las administraciones electrónicas.
El presidente de Transparency International ha indicado que ha sido en el área de transparencia económica y financiera donde la ONG ha tenido mayores dificultades de colaboración por parte de la Administración, si bien ha valorado el 'esfuerzo' de todas las comunidades para proporcionar datos al estudio.
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