Hoy en día, las pymes suponen el 99,8% del tejido empresarial español, según el informe “Cifras PYME” de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa de 2024. Dentro de esta categoría, se encuentran las microempresas, que son todas aquellas que tienen menos de diez trabajadores, facturan menos de dos millones de euros al año y que, por lo tanto, disponen de menos recursos y capital para afrontar costes elevados derivados de cargas normativas y requisitos administrativos.
Según el informe anual del Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa en España, solo el 23% de las microempresas españolas tienen políticas ambientales, y solo el 18% disponen de medidas para reducir su consumo energético. Estos datos refuerzan la idea de que la sostenibilidad influye en las decisiones de compra y que, por tanto, que las empresas integren criterios sociales, ambientales y de gobernanza (ASG) es fundamental para mejorar el impacto de su actividad, su posición en el mercado y para diferenciarse de la competencia.
Uno de los objetivos de la Fundación COPADE es impulsar la sostenibilidad en las organizaciones, y por ello ha elaborado una guía con más de 100 recomendaciones para que las microempresas españolas adopten diferentes estrategias de sostenibilidad. Este documento se ha basado en la iniciativa “Microempresas y ODS”, realizada con el apoyo de la Asociación Española Multisectorial de Microempresas (AEMME) y la financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través de la cual COPADE ha ofrecido un diagnóstico personalizado a diferentes empresas y herramientas prácticas para mejorar su sostenibilidad.
Previamente, la entidad había realizado un diagnóstico sobre las barreras y puntos fuertes del sector microempresarial para la incorporación de la Agenda 2030 y un informe sobre políticas de contratación para microempresas, en los que se ha plasmado que, si bien las microempresas reconocen el valor de contribuir a los ODS, hacen frente a obstáculos significativos como la falta de información y recursos financieros, así como la necesidad de apoyo institucional; además, se ha identificado una demanda crucial de programas de capacitación específicos para implementar prácticas sostenibles y se ha destacado la importancia de incentivos fiscales y financiación para facilitar este proceso, junto con la necesidad de políticas de contratación pública que fomenten la inclusión de criterios ambientales, sociales y de gobernanza.
Para poder ver el contenido completo tienes que estar suscrito. El contenido completo para suscriptores incluye informes y artículos en profundidad
