“El reto principal al que se enfrentan los Compliance Officers de las compañías en la actualidad es convertir un programa de lucha contra la corrupción, que surge como respuesta a las obligaciones legales, en un instrumento de competitividad dentro de una estrategia eficaz de sostenibilidad”. Así lo afirmó el Group Chief Compliance Officer de EADS, Pedro Montoya, en el acto de inauguración de la jornada “Combatir la corrupción desde las empresas” organizada el 28 de marzo por EADS, Forética y Garrigues en la sede del despacho de abogados en Madrid.
Riesgo en la exportación
“En un momento en el que la globalización puede resultar una estrategia empresarial ineludible, las empresas se enfrentan al riesgo de incurrir en conductas delictivas en su actividad exportadora”, remarcó Pedro Montoya, añadiendo que en la actualidad “el riesgo es más grave por el hecho de que hasta hace pocos años el pago de comisiones con fines ilícitos era una práctica consentida en todos los países europeos”. Para el representante de EADS es importante el hecho de que “en pocos años se haya pasado de la incriminación de esas conductas a la exigencia de programas eficaces de prevención de la corrupción”. En este contexto, la figura del Compliance Officer debe aportar un plus de independencia y enfocarse en la evaluación y prevención de riesgos asociados al negocio, como la corrupción o las prácticas anticompetitivas, según el experto. El acto inaugural de la jornada también contó con la participación del presidente de Garrigues, Antonio Garrigues, y la vicepresidenta de Forética, Yolanda Erburu. En palabras del presidente de Garrigues, “la corrupción es un reto a nivel nacional y mundial, y la solución pasa por establecer controles y, sobre todo, crear la necesidad de la transparencia. Cuanto mayor sea ésta, habrá menos conductas corruptas”.
La perspectiva jurídica
El socio de Garrigues Florentino Ortí fue el encargado de sentar las bases jurídicas explicando las implicaciones que tiene para las organizaciones la reforma del Código Penal que entró en vigor el pasado 23 de diciembre. A partir de esta reforma, las empresas pueden ser condenadas penalmente por la comisión de determinados delitos de manera autónoma a lo que pueda ocurrir con las personas físicas implicadas. Florentino Ortí analizó las figuras delictivas que pueden ser más de aplicación en el ámbito de las empresas, como son el cohecho y la corrupción entre particulares. Desde el punto de vista de los despachos, la demanda de asesoramiento por parte de las empresas en materia de compliance está creciendo, lo que abre un área de negocio nueva para ellos, señaló el jurista.
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