La factura electrónica -y, con ella, la digitalización de la actividad empresarial- es una realidad en la península ibérica, donde, tanto en España como en Portugal, su uso ha crecido exponencialmente. En este impulso ha tenido mucho que ver la obligación generalizada de su utilización en el marco de la Unión Europea en las transacciones entre empresas y las Administraciones Públicas (B2G), según el Estudio Situación de la Factura Electrónica en el Mundo, elaborado por Seres, empresa internacional pionera y especialista en el intercambio electrónico seguro de documentos.
En España esta obligación se adoptó en 2015 y en Portugal en abril de 2019. Además, los dos países ibéricos lideran, junto con Italia, la implantación de su obligatoriedad en las relaciones entre empresas (B2B).
Europa, en cabeza
En Europa, la factura electrónica está presente en todos los países, y gran parte del éxito de su uso se debe al impulso normativo por parte de los diferentes gobiernos para acelerar su implantación a través de la obligatoriedad.
En España, desde 2015, y en Portugal, desde 2019, su utilización en las transacciones B2G es obligatoria. Desde estas fechas, las Administraciones Públicas están obligadas a operar con facturas electrónicas.
Nuevo estándar europeo
En el marco de la UE, el pasado 18 de abril entró en vigor el nuevo estándar europeo de factura electrónica, UBL (EN 16931) obligatorio para las empresas europeas que facturen a las Administraciones Públicas.
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