El número de ciberataques creció hasta un 50% en 2021 y, de forma exponencial, los ataques de ransomware, los dirigidos a OT, IoT y a dispositivos móviles. También prolifera el conocido como “fraude al CEO”, el robo de credenciales, el phishing y el robo de información con chantaje. Como subraya David Hernández, Inspector de la Policía Nacional y miembro de C1b3rWall, “hay además una gran discrepancia entre el número de ciberdelitos conocidos y aquellos que llegan a ser esclarecidos”.
Estas son algunas de las novedades en materia de ciberseguridad que se debatieron en la jornada “Ciberseguridad: ¿A quién nos enfrentamos?”, organizada por Secure&IT, en la que su director general, Francisco Valencia, advirtió: “Van a seguir creciendo los ciberataques causados por los conflictos geopolíticos. Pero, además, aparece un punto importante: hay un mayor acceso a la ciberdelincuencia. Es decir, cualquiera se puede convertir en ciberdelincuente de una forma fácil. Esto se debe especialmente a la sencillez de las tecnologías y, desde luego, nos plantea una nueva e importante amenaza”.
No hay que perder de vista que España es uno de los países más ciberatacados del mundo. Pero, por el contrario, no se encuentra entre los primeros puestos en cuanto a inversión en ciberseguridad. Todavía es una de las asignaturas pendientes para muchos organismos y empresas, que viven en una falsa sensación de seguridad.
La actividad sospechosa se ha multiplicado
Según los datos aportados por los Centros de Seguridad Avanzados (A-SOC) de Secure&IT, la actividad sospechosa se ha multiplicado y ya se registran 150.000 intentos de ataque mensuales.
Salir de un ciberataque puede costar, de media, entre 60.000 y 2 millones de euros. Pero, además de lo económico, tiene un impacto reputacional, operativo, sobre las personas, sobre el cumplimiento y sobre la estrategia.
También tiene cada vez más connotaciones legales. Como señaló Escarlata Gutiérrez, fiscal especialista contra la criminalidad informática, “la especialización de los operadores jurídicos en cuanto a las TIC es fundamental. Tenemos retos y desafíos muy grandes a la hora de investigar estos delitos. Hay un grado de impunidad muy alto. De hecho, en muchas ocasiones, ni siquiera se llega a denunciar, porque supone un daño reputacional muy grande para las empresas”.
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