Entre las conclusiones más relevantes, se destaca que en España la proporción de empresas que disponen de canales de denuncia (Speak Up Systems) como mecanismos de control para la prevención de delitos está por encima de la media europea. España ha experimentado un fuerte dinamismo de cara a integrar sistemas de cumplimiento normativo (compliance) en los últimos años. Un 100% de compañías en la muestra -que representa el 46% del Ibex 35- han incorporado este tipo de herramientas.
Por otro lado, el informe matiza que los sistemas de las empresas españolas tienen, por lo general, menos madurez que los del resto de Europa. Esta relativamente baja madurez -el 87% de los sistemas tienen menos de 10 años de vida, frente al 57% en Países, 60% en Reino Unido y 71% en Francia- tiene como principal ventaja que los sistemas han ido acomodando las últimas tendencias en materia de compliance.
En España, los canales de denuncia tienen menor propensión a la externalización y menor tendencia a permitir el anonimato de las quejas y consultas.
Estos factores podrían estar correlacionados tanto con el menor uso del teléfono como con el número final de veces que se utiliza el sistema.
Como próximas revisiones a los sistemas de denuncia que se deberían incluir, el director de Desarrollo Corporativo de Forética y director del estudio, Jaime Silos, destaca una mayor apuesta por mecanismos anti-represalias, la admisión de denuncias/consultas anónimas y el empleo de servicios de tercera parte independiente para la gestión de los sistemas Speak Up.
Acto de clausura
La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, presidió el acto de clausura del evento, acompañada de Javier Ellena, presidente de Lilly para España, Portugal y Grecia, y Alberto Durán, presidente de Forética y de Ilunion. La fiscal general del Estado enfocó su discurso en la importancia de la lucha contra la corrupción y explicó los puntos más relevantes de la circular 1/2016 que ha publicado recientemente este organismo, en la que se analiza la responsabilidad penal de las personas jurídicas y se ratifica la importancia de los sistemas de compliance.
Consuelo Madrigal destacó que “un programa de complianceeficaz es el que eleva el tono de la integridad y el que está presente en la toma de decisiones de la compañía”. “La garantía del buen resultado de un sistema de compliancees que la ética y la integridad empresarial permeabilicen toda la organización, desde la cúspide hasta los propios empleados”, manifestó.
La inauguración del evento de presentación corrió a cargo de Francisco Pérez-Crespo, director de la oficina de Cuatrecasas en Madrid, y Fernando Riaño, presidente de la junta directiva de Forética.
Por su parte, Javier Ellena ratificó el compromiso de Lilly con la transparencia, evaluando la importancia del compromiso de la alta dirección para el éxito de los sistemas de cumplimiento. El presidente de Forética, Alberto Durán, hizo, en su discurso, una importante referencia a la transparencia como clave de la competitividad empresarial.
Junto a la presentación de conclusiones del informe, el director de RSC de Bankia, David Menéndez, analizó cómo se abordan en su compañía los temas vinculados a transparencia e integridad.
El Business Case de la gobernanza
La última década ha sido testigo de un auténtico boomen el desarrollo de políticas y herramientas de refuerzo de las prácticas de integridad y buen gobierno en el sector privado. Tras una turbulenta entrada en el nuevo milenio con escándalos y fraudes como Enron, Worldcom, Arthur Andersen o Parmalat -generando pérdidas superiores a los 200.000 millones de dólares a inversores y acreedores-, los reguladores, a ambos lados del Atlántico, han puesto en marcha un importante impulso regulatorio con el objeto de minimizar el número y el impacto de prácticas ilícitas y fraudulentas, que en última instancia acaban por destruir valor en términos económicos y sociales.
La gran crisis financiera iniciada en 2008, y los posteriores escándalos relacionados con la manipulación de índices subyacentes de derivados financieros -libor, euribor, fixingsde divisas y materias primas-, han acentuado aún más este fenómeno en el sector financiero, incrementando exponencialmente las exigencias en materia de cumplimiento normativo e incluso la prohibición de combinar determinadas actividades junto con la banca tradicional en algunas jurisdicciones.
El refuerzo del sistema penal y mecanismos de fiscalización
El incremento progresivo y continuado de la presión a nivel regulatorio ha ido frecuentemente acompañado de un incremento en recursos para la investigación y persecución de la actividad criminal en el ámbito de la empresa a nivel internacional.
En el contexto español, las sucesivas reformas del Código Penal en 2010 y 2015 crean y refinan la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Antes de estos hitos, los responsables de la comisión de delitos en el seno de la empresa eran exclusivamente las personas físicas. Ahora, tras esta nueva figura, también es la propia empresa potencialmente responsable por la comisión de determinados delitos cuando resulte beneficiada de los mismos.
Este nuevo modelo -que entró plenamente en vigor a finales de 2015- hace aún más relevante la necesidad de dotar a las compañías de mecanismos y herramientas que minimicen los riesgos penales y, en caso de producirse, que aíslen de manera específica e inequívoca la responsabilidad del delito en el individuo, salvaguardando la persona jurídica.
Para poder ver el contenido completo tienes que estar suscrito. El contenido completo para suscriptores incluye informes y artículos en profundidad
