En el contexto de la nueva ley de contratos del sector público, el 24 de abril finalizó el período de consulta de otro importante borrador que añade criterios valorativos en los contratos públicos más allá del precio: el plan de contratación pública ecológica. Este plan busca que las administraciones compren bienes y servicios que presenten un impacto ambiental reducido a lo largo de su ciclo de vida. Esto implica mirar más allá de las necesidades a corto plazo y considerar el impacto a largo plazo de cada compra, tanto para la propia organización como para la economía, el medio ambiente y la sociedad en general.
“Si bien se trata de un instrumento voluntario, la contratación pública ecológica es una herramienta muy poderosa para el futuro de la economía sostenible, por su impacto y efecto ejemplarizante”, afirma Helena Herrero, presidenta de HP para España y Portugal. En España, según datos de la CNMC, la contratación pública supone aproximadamente un 20% del PIB, lo que equivale a unos 200.000 millones de euros anuales. Así, la contratación pública sostenible puede estimular tanto la demanda de bienes y servicios más sostenibles como la eco-innovación en el desarrollo de nuevos productos. Además, existe aún un margen considerable para que las adquisiciones públicas sostenibles logren una buena relación coste-eficacia.
Desafío político
“El desafío político actual reside en cómo asegurar que el efecto de la contratación pública ecológica sea sistemático, estratégico y profesionalizado en toda la Unión Europea”, comenta Helena Herrero.
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