El Gobierno Vasco abordó la pasada Legislatura la tarea de elaborar un proyecto de Ley que, de acuerdo con la orientación de la política energética, estableciera los pilares normativos para la sostenibilidad energética en el ámbito de las Administraciones Públicas vascas, articulando los deberes y obligaciones que estas deben cumplir.
La ley, aprobada el 21 de febrero por el Parlamento Vasco, afecta a todos los niveles de la Administración Pública, estableciendo obligaciones referidas a edificios, viviendas y regulaciones del transporte. Asimismo, en el ámbito privado, se hace referencia al sector industrial, servicios y comercio, sector residencial y transportes privados.
En su intervención, Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, valoró positivamente el acuerdo, porque “se han establecido de manera consensuada las bases para el pacto de país que Euskadi necesita para afrontar la obligada transición energética”.
El abastecimiento futuro de energía conlleva retos importantes para la sociedad, ya que la matriz energética de Euskadi presenta una dependencia notable de los combustibles de origen fósil, por encima incluso del 80% del consumo energético. Arantxa Tapia afirmó que el reto al que tiene que hacer frente la Ley es claro: “Disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, además de los contaminantes atmosféricos perjudiciales para la salud”, por lo que pidió a la Cámara “una revolución en actitud, en compromiso, en realismo, en equilibrio y en responsabilidad”.
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