El Observatorio de Vigilancia de Mercado (OVM) de la Asociación Española de Normalización, UNE, ha publicado por segundo año consecutivo el informe anual de vigilancia de mercado, con el objetivo de fortalecer la colaboración público-privada en este ámbito e impulsar el cumplimiento de las normas técnicas y la legislación. De esta forma, pretende sensibilizar sobre la comercialización de productos y servicios inseguros, que provocan un perjuicio a la economía y a los consumidores y suponen una competencia desleal.
El Informe Anual 2022 de vigilancia de mercado recoge los datos relativos a las actuaciones llevadas a cabo durante 2021. Ha sido elaborado en colaboración con más de 40 organizaciones empresariales españolas, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el Ministerio de Consumo y diferentes autoridades con competencia en vigilancia de mercado.
Durante 2021, las autoridades competentes en materia de vigilancia de mercado realizaron 86.117 actuaciones inspectoras, detectando irregularidades solo en el 14,5% de los casos. Los principales motivos fueron irregularidades con la normalización y las condiciones de venta (56%), seguido por otras infracciones (23%), adulteración y fraude en la calidad (8,2%), precios (7,9%) y transacciones comerciales (5,2%).
El Informe Anual 2022 destaca la inseguridad de algunos productos adquiridos fuera de la UE a través de los mercados on-line ofrecidos por plataformas de venta o redes sociales y que reciben directamente los consumidores. Estas no son consideradas como operadores económicos; por ello, no se les atribuye ninguna responsabilidad en la seguridad y salud de los consumidores por los productos que ayudan a poner en el mercado.
Según Alfredo Berges, presidente del Observatorio de Vigilancia de Mercado y de UNE: “Para aumentar la confianza de los consumidores españoles en los productos comercializados e impulsar el crecimiento del tejido productivo español, es fundamental la colaboración entre las Administraciones y las asociaciones sectoriales, la formación constante de los propios consumidores y seguir adaptando la legislación a la realidad del mercado”.
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