La Asociación Española de Normalización, UNE, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), organizó el 30 de marzo un encuentro con expertos para dar a conocer la recién publicada Norma UNE-EN 17687 “Contratación pública. Integridad y rendición de cuentas. Requisitos y orientación”. Este estándar proporciona requisitos y directrices para organizaciones compradoras con respecto a la integridad y rendición de cuentas en los procesos de contratación pública, incluyendo desde la identificación de las necesidades, hasta la entrega de bienes, servicios o contratos de trabajo. Las normas técnicas son aliadas estratégicas de las administraciones en el despliegue de las políticas públicas y en el desarrollo de la reglamentación, facilitando su cumplimiento.
La falta de compromiso con los principios fundamentales de integridad, rendición de cuentas y transparencia en la contratación pública puede crear espacio para la corrupción, socavar la eficacia de los servicios públicos y tener un impacto negativo en la rentabilidad del gasto público y en los ciudadanos. Los riesgos relacionados con la corrupción y el fraude son aspectos importantes de la contratación pública en el ámbito mundial.
La nueva norma dedica un capítulo a la gestión de riesgos durante el proceso de contratación pública, al haberse identificado muchos riesgos en términos de integridad y rendición de cuentas que la organización compradora debe identificar y evaluar.
Otro de los aspectos relevantes de la Norma UNE-EN 17687 es el capítulo dedicado al personal, alineado con la Estrategia Nacional de Contratación Pública. Señala la necesidad de incrementar la profesionalización de los agentes públicos que participan en los procesos de contratación como medio de mejorar la eficiencia de la contratación en aras de un crecimiento inteligente, sostenible e integrado. En este sentido, la norma establece requisitos como el que la organización compradora debe contar con un código de conducta, o el de desarrollar procesos para prevenir y detectar el fraude y la corrupción en su seno (incluido el mecanismo de denuncia de irregularidades), basados en los resultados de la evaluación de riesgos, junto a la recomendación de establecer un sistema de sanciones eficaz, entre otros.
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