EsPlásticos, plataforma que agrupa a los diferentes agentes que forman parte del sector y de la cadena de valor de los plásticos, acoge positivamente la aprobación por parte del Gobierno de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados como una oportunidad para armonizar medidas a nivel nacional para que las comunidades autónomas legislen basándose en ella y para evitar la proliferación de normativas que puedan dar lugar a confusión e incertidumbre jurídica.
“No obstante, creemos que hay medidas discriminatorias y desproporcionadas para el sector del plástico que van en contra del objeto general de la ley, la prevención del residuo, y que obstaculizan la implantación de la Economía Circular en un sector, el del plástico, que se encuentra completamente volcado en fabricar productos más reciclables y que incorporan un mayor contenido en reciclado, e innovando en modernos procesos de reciclado; siendo el plástico un material que contribuye al desarrollo sostenible reduciendo el desperdicio alimentario y mejorando la huella de carbono gracias a su ligereza”, señala EsPlásticos.
Impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables
EsPlásticos considera que “el impuesto constituye una medida discriminatoria, ya que solo se fija en envases de plástico no reutilizables y no en otros materiales que también son susceptibles de acabar en el medio ambiente. Y desproporcionada, porque su ámbito excede a los envases plásticos de un solo uso definidos en la Directiva 2019/904. Asimismo, el impuesto no supondrá un beneficio para el medio ambiente, dado que provocará un cambio hacía envases y productos de otros materiales más pesados, generando un aumento en el total de residuos”:
- La medida de exención de los envases médicos y farmacéuticos resulta “insuficiente”, ya que “consideramos que los envases industriales y comerciales también deberían estar exentos, dado que su uso es indispensable y de difícil sustitución por cuestiones de seguridad, transporte y logística”.
- El aplazamiento de tres meses de la entrada en vigor del impuesto resulta “insuficiente”, tal y como indica el Dictamen del Consejo de Estado. “Dada su complejidad y el desarrollo reglamentario del impuesto, vemos necesario que el impuesto empiece a aplicarse a los seis meses desde la publicación del reglamento que desarrolle el impuesto, permitiendo así una transición más justa”.
- La aplicación del impuesto afectará principalmente a los consumidores de rentas medias y bajas, ya que generará una subida en el precio de muchos productos de primera necesidad cuyo envase contiene plástico, encareciendo la cesta de la compra de todo tipo de rentas y, de forma especial, a las rentas más bajas. También afectará a toda la industria española, que usa envases de plástico. “No solo restará competitividad a los envases plásticos, sino que supondrá una distorsión en el mercado arbitraria (porque no está basada en ACV que demuestren el beneficio medioambiental de las potenciales alternativas)”.
- Además, “creemos necesario acotar las exenciones del impuesto a las importaciones de envases a un límite máximo mensual de 5 kg para evitar el fraccionamiento de envíos, con el fin de eludir el pago del impuesto y proteger la competitividad de la industria española”.
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