Las relaciones entre economía y medio ambiente generan una serie de actividades específicas que devienen, directa o indirectamente, en empleos. El medio ambiente, además de ser soporte de las actividades económicas, se concreta en capital natural que suministra bienes y servicios ecosistémicos y, a la vez, es fuente de recursos naturales y materias primas que finalmente se convierten en residuos y calor, que vuelven a un entorno que actúa como sumidero y depósito.
Los principales problemas ambientales son consecuencia del impacto de sectores de la economía en la estructura de consumo y los estilos de vida. La industria manufacturera sigue siendo responsable de un elevado impacto ambiental, tanto por el consumo de recursos naturales como por la contaminación producida. El sector del transporte, con una creciente repercusión por el aumento del tráfico, la agricultura intensiva, el turismo masivo, los desarrollos urbanos descontrolados, etc., se suma al impacto ambiental de los consumidores, incluidos los hogares. Así, para dar respuesta a estas presiones, se concretan distintas acciones en favor de la protección, mejora y gestión del medio ambiente que son generadoras de nexos micro y macroeconómicos que favorecen la creación de empleo.
Fuerzas motrices generadoras de empleo verde
La consistente base normativa y la mayor demanda de bienes y servicios ambientales en favor de la calidad de vida y la sostenibilidad son las fuerzas motrices de las actividades generadoras de empleo verde. Unido a la progresiva mejora del conocimiento y la mayor conciencia ecológica de la sociedad, la principal fuerza motriz de la generación de actividades y empleos relacionados con el medio ambiente es toda la amplia gama de legislación -ambiental y sectorial-, incluyendo los mecanismos reguladores y de planificación y de gestión. La puesta en marcha de las estrategias, leyes, planes y programas implica la definición, desarrollo y, en ocasiones, financiación directa de nichos de empleos relacionados con el medio ambiente.
En la Unión Europea (UE), las relaciones entre medio ambiente y empleo han sido apoyadas ya desde los años noventa, especialmente con el V Programa de Acción Ambiental (hacia el desarrollo sostenible), que se ha visto reforzado por el VI Programa El futuro en nuestras manos e importantes políticas comunitarias, como la Estrategia de Lisboa de 2000, sobre crecimiento, competitividad y empleo (renovada en 2005), la cual veía en las tecnologías ambientales “un importante potencial a favor de la economía, el medio ambiente y el empleo”, así como la Estrategia de Gotemburgo de 2001 sobre Desarrollo Sostenible de la UE, revisada en 2006. El Consejo de Primavera de 2006 respaldó esta visión, exponiendo, a su vez, la necesidad de una “intensa promoción y difusión de las ecoinnovaciones y las tecnologías medioambientales”, y la Estrategia revisada de la UE para un Desarrollo Sostenible afirma que el Plan de Actuación a favor de las Tecnologías Ambientales (ETAP) es necesario para controlar el cambio climático y conseguir una energía limpia y unas pautas sostenibles de producción y consumo. Son, en definitiva, procesos de integración ambiental, políticas ambientales cada vez más exigentes con los principios de sostenibilidad que deben generar un nuevo despegue del empleo.
Actualmente, las relaciones ambientales-laborales se refuerzan estratégicamente para hacer frente a la crisis económica y orientar el cambio de modelo de desarrollo por sendas sostenibles. Este reconocimiento y apoyo se ha reflejado también en la Estrategia UE 2020: “La salida de la crisis debería ser el punto de entrada en una nueva economía social de mercado sostenible, más inteligente y más respetuosa con el medio ambiente, en la que nuestra prosperidad reposará en la innovación y en una mejor utilización de los recursos y cuyo principal motor será el conocimiento. Estos nuevos hilos conductores deberían permitirnos explotar nuevas fuentes de crecimiento sostenible y crear nuevos puestos de trabajo a fin de compensar el aumento de las tasas de desempleo que nuestras sociedades van, sin duda, a conocer en los años venideros”.
Fruto de estas estrategias, nacen las numerosas normativas actuales europeas, entre las que se pueden citar algunas, como las relacionadas con el diseño ecológico, prevención y control integrados de la contaminación, residuos de aparatos eléctricos o electrónicos y sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, ecoetiqueta, ecogestión y ecodiagnóstico, y, últimamente, el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero y el Reglamento europeo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (Reach) aumentan la protección del medio ambiente y de la salud pública, a la vez que fomentan la innovación y defienden la competitividad.
En el ámbito español, además de la transposición obligada de la normativa europea, se ha asistido a un amplio desarrollo normativo que incide directa o indirectamente en la generación de empleos verdes: leyes como la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, o la Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural y, sobre todo, el Proyecto de Ley de Economía Sostenible.
El Proyecto de Ley de Economía Sostenible se centra en cinco grandes ejes -competitividad, sostenibilidad medioambiental, normalización de la vivienda, innovación y formación profesional, y fondos económicos para los nuevos sectores- con los que se pretende sentar las bases para un modelo de desarrollo sostenible, donde tiene un papel esencial la innovación y mejora tecnológica, no sólo con el objetivo de generar un sistema productivo más sólido y perdurable, sino también con el de generar una población mucho más formada y, por tanto, mucho menos sensible a futuros cambios productivos.
Definición de empleo verde
En 1978, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicaba un primer acercamiento a la relación entre empleo y medio ambiente que ampliaría en 1997. Este último informe, presentaba un marco analítico para medir los efectos, positivos y negativos, de las políticas ambientales sobre el empleo a largo y corto plazo. En 1999, la OCDE y Eurostat publicaron una tabla en la que se definían las categorías de empleo verde.
El informe de 2004 Empleo y medio ambiente: una evaluación, de la OCDE, amplía los anteriores trabajos de la organización, concentrándose en los impactos de la generación de empleo ambiental en el conjunto de la economía y de la capacidad de las políticas de cambio climático para generar empleo. La creciente evidencia de los efectos globales del cambio climático y de la necesidad de poner en marcha políticas de adaptación y mitigación del cambio climático ha sido uno de los mayores impulsores de las políticas de empleo verde a escala mundial. A partir del momento en que los representantes de las industrias más intensivas en emisiones de gases de efecto invernadero utilizaron sistemáticamente el argumento de la pérdida de empleos para justificar su resistencia a reducir las emisiones, se desarrollaron un gran número de estudios que demostraban las fuertes necesidades de empleo que se derivaban del cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre cambio climático.
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