Con motivo de la reciente publicación de la iniciativa de la Comisión Europea titulada «Una Brújula para la Competitividad de la UE», que insiste en la necesidad de “simplificar el entorno regulatorio, reduciendo cargas y favoreciendo la rapidez y la flexibilidad”, la Entidad Nacional de Acreditación (Enac) ha publicado un nuevo documento que ofrece a las diferentes administraciones públicas una visión clara y práctica de cómo la acreditación puede apoyar los procesos de simplificación administrativa.
El texto destaca que numerosos desarrollos reglamentarios se apoyan en la actuación de los organismos evaluadores de la conformidad (OEC), como laboratorios, entidades de inspección u organismos de certificación, cuyo papel es fundamental para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en ámbitos tan diversos como la seguridad industrial, la calidad del agua, la ciberseguridad, la eficiencia energética, la protección medioambiental o la calidad alimentaria. Garantizar la competencia técnica y el rigor de estos organismos resulta clave para la eficacia de cualquier regulación.
No obstante, regular la actividad de los OEC y supervisar su desempeño supone un reto para las Administraciones, ya que requiere conocimientos técnicos especializados y recursos que no siempre están disponibles. En este escenario, la acreditación aporta una solución eficaz y ampliamente reconocida.
La acreditación: confianza basada en la competencia técnica
La acreditación, recogida en el Reglamento (CE) nº 765/2008, es el mecanismo internacionalmente reconocido para demostrar la competencia técnica de los OEC. Enac, como organismo nacional de acreditación en España, actúa con independencia, sin ánimo de lucro y bajo supervisión internacional, evaluando periódicamente a los organismos acreditados mediante un equipo auditor y expertos altamente cualificados.
Este modelo aporta respuestas a la eficacia de las disposiciones reglamentarias:
- Favoreciendo una supervisión fiable, ya que Enac realiza evaluaciones rigurosas y periódicas, lo que libera a la Administración de asumir esta tarea directamente.
- Reduciendo la necesidad de regular, ya que los requisitos ya están recogidos en normas internacionales, evitando la creación de nueva regulación técnica innecesaria.
El resultado es un mecanismo que proporciona seguridad jurídica, transparencia y una reducción significativa de costes y tiempos, tanto para la Administración como para las empresas.
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